La comunidad de Madrid vuelve a dar la nota. Parece que los animales son objetos pues a menudo son obviados al mismo tiempo que se violan sus derechos.
Mientras que en otras ciudades de España se protegen a las colonias de gatos, las esterilizan y castran, las cuidan y alimentan, e interponen normas de civismo para salvaguardar su seguridad y garantizar un respeto mínimo, en Madrid ocurre todo lo contrario.
Y es que hace no mucho tiempo, el Ayuntamiento de Madrid convirtió en delito ayudar a los animales. Alimentar a los gatos de la calle, tender una mano a los más indefensos y necesitados y ayudarles en su calvario, era atentar contra la ley.
Y así lo mostró una vez más al interponer una sanción de 900 euros a los vecinos que alimentaban y controlaban una colonia de felinos que vivían en la calle y en los jardines comunitarios del madrileño barrio de Salamanca.
Las sanciones interpuestas por el Ayuntamiento de la Capital frente a la Mancomunidad, se basaron en el no cumplimiento de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales Domésticos.
Y es que lo único que hacían era brindarles las máxima calidad de vida según sus condiciones y hacerles la vida un poco más agradable. Así y con ayuda de varias protectoras de animales, los vecinos llevaron a cabo el método CES (capturar-esterilizar-soltar), para controlar la colonia y evitar la superpoblación mientras se encargaban de mantener sanos a los animales y evitar cualquier problema en la convivencia entre gatos y personas.
Por suerte, parece que la lógica y la humanidad se ha personificado a través de un juzgado madrileño que ha considerado totalmente legítima la actitud de los vecinos y ha desestimado la sanción. De este modo, se ha anulado la resolución del procedimiento condenando al Ayuntamiento de Madrid a devolver las sanciones impuestas a los vecinos así como a realizar el pago de hasta 360 euros en concepto de costas.
Y es que, al parecer, la ordenanza por la que se sancionó a los vecinos consideraba a los gatos como propiedad privada con la obligación de la contratación de un seguro animal. Algo completamente absurdo y que vuelve a poner en evidencia, una vez más, el quehacer del ayuntamiento de la capital que tantos errores y faltas colecciona.
Se trata de la primera sentencia judicial que concluye que la alimentación, control y cuidado de una colonia de gatos callejeros no infringe normativa alguna, sino todo lo contrario.
La Sociedad Protectora de Animales (SPAP) ha manifestado su alegría con la decisión del Juez mediante un comunicado en el que resalta con entusiasmo que cada vez sean más los Ayuntamientos españoles, como el de Alcorcón, Barcelona, Tres Cantos o Valencia, los que fomenten y gestionen el control de estas colonias felinas.
Lo que es evidente, es que matar jamás es la solución. No pone fin al problema y, por supuesto, se trata de algo completamente cruel, descabella e inhumano.
